La Fiscalía pide la máxima pena por asesinato para los cuatro procesados por el asesinato de Javier Ardines, el concejal de Izquierda en LLanes (Asturias)
Los acusados son un marido de la prima de la mujer del concejal asesinados, una persona que actuó como intermediario para contratar a unas personas para que cometieran el asesinato y los dos sicarios
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes ha decretado la apertura de juicio oral, con jurado popular, para los cuatro investigados por el asesinato de Javier Ardines, concejal de la localidad en el verano de 2018. Además, la magistrada les requiere en el mismo auto una fianza solidaria por importe de 533.000 euros, con el apercibimiento de que, si no la depositan o acreditan su insolvencia, se les embargarán los bienes en cantidad suficiente para alcanzar esa suma, con el fin de asegurar el abono de las futuras indemnizaciones. El ministerio fiscal solicita un total de 168.000 euros para la viuda y los hijos del concejal, mientras que la acusación particular reclama 400.000 euros.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular habían solicitado la apertura de juicio oral contra los cuatro investigados, para los que la acusación pública solicita 25 años de prisión para cada uno. Los representantes legales de los procesados pidieron el sobreseimiento de la causa. Una vez finalizada la instrucción y decretada la apertura de juicio oral, el sumario se trasladará a la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio con un jurado popular.
Además, la magistrada ha denegado la libertad de uno de los investigados que tuvo que ser extraditado desde Suiza, adonde había huido tras los hechos y donde estuvo cumpliendo condena por otros delitos no relacionados con este caso.
El asesinato del concejal de IU en Llanes se produjo en las inmediaciones de su domicilio en Belmonte de Pría el 16 de agosto de 2018 y entre los investigados se encuentra el marido de una prima de su mujer, al que se le acusa de contratar los servicios de dos personas a través de un intermediario para matarle tras sospechar que podía estar manteniendo una relación con su mujer.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
